https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/9/14/criptoestafas-el-fraude-que-se-disfraza-de-futuro-vacia-los-bolsillos-de-los-mexicanos-887555.html

Le voy a ser franco. Esto no lo escribo desde la barrera del analista que lee reportes y ya. Lo escribo porque he estado del otro lado, en el lado del gobierno, en esas mesas donde llegan los casos y uno se queda viendo el techo preguntándose cómo diablos alguien pudo caer en esto. Y no, no es que la gente sea tonta. Es que el engaño está muy bien armado.

Recuerdo una reunión, creo que fue por ahí de 2022, en una oficina con aire acondicionado que no funcionaba, donde una señora de unos sesenta años —le voy a decir doña Rosa, aunque no se llama así— nos contó que había metido 800 mil pesos, producto de la venta de su casa en Iztapalapa, a una plataforma que le prometía 12% mensual. Doce por ciento. Mensual. Y ella lo decía con una convicción que dolía, porque todavía creía que su dinero estaba ahí, nomás «atorado». Un compañero de la mesa, que llevaba años en esto, nomás movía la cabeza.

Y así hay miles.

El gancho

El fraude con cripto tiene algo que lo hace particularmente cruel. No es el típico «le ganó la lotería» ni el «secuestraron a su familiar». Es un relato que apela a lo mejor de uno: las ganas de salir adelante, la curiosidad, el miedo a quedarse atrás. Los estafadores lo saben. Por eso venden libertad financiera, romper con los bancos, ser parte de la revolución tecnológica. En un país donde el «échale ganas» es casi religión, ese mensaje prende rapidísimo.

He visto gente que jamás en su vida invertiría en la bolsa meter su aguinaldo, su liquidación, hasta la tanda, en plataformas que prometen el 10% mensual. Rendimientos que cualquiera con dos dedos de frente sabe que no existen. Pero cuando el vecino, el compadre, el del grupo de WhatsApp, ya está «ganando», uno se deja llevar.

Cómo operan (más o menos)

No hay un solo guion. Pero se repiten cosas. El reclutamiento por redes, por WhatsApp, por recomendación de alguien que ya cayó y ahora recluta para recuperar lo suyo. La opacidad: nadie sabe dónde está el dinero, quién lo maneja, qué respalda. La presión: «es ahora o nunca», «se acaban los cupos», «el precio se dispara». Y al final, el colapso. Cuando ya no entran nuevos, la plataforma se cae, los teléfonos se desconectan, las páginas desaparecen. Y las víctimas quedan con capturas de pantalla, un grupo de WhatsApp lleno de reclamos y una sensación amarga difícil de describir.

Lo que hemos intentado

Desde el gobierno se ha hecho lo que se ha podido. La UIF ha sacado alertas. Condusef ha advertido. La CNBV también. Pero la verdad, y esto lo digo con conocimiento de causa, la velocidad de la innovación financiera nos rebasa. No se trata de satanizar la tecnología. La blockchain tiene cosas buenas. El problema no es la herramienta, es el uso. Y mientras no haya una regulación que proteja de verdad al consumidor sin ahogar la innovación, los defraudadores van a seguir operando casi con impunidad.

A la gente le digo: desconfíe de quien le promete rendimientos extraordinarios. No existe el dinero fácil. Si suena demasiado bueno, es porque lo es. Y a las autoridades: no basta con alertas. Hace falta educación financiera desde la escuela, coordinación internacional para perseguir a estos tipos, y un marco legal que castigue de verdad el fraude con activos digitales.

El futuro de las cripto en México no puede construirse sobre los ahorros rotos de miles de estafados. Eso lo tengo clarísimo después de años en esto. Y aunque no tengo la solución completa, sí sé que ignorarlo ya no es opción.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en PLD/FT

La industria del juego en México está a punto de dejar de ser un negocio de vistos buenos discrecionales para convertirse en un sector bajo la lupa financiera más estricta de su historia. La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1947, ha entrado en su etapa final y será sometida al Gabinete de Seguridad antes de llegar al Congreso. El mensaje de la secretaria Rosa Icela Rodríguez fue lapidario, con una frase fuerte “No corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación, porque les voy a cerrar sus negocios». Y no es para menos, en lo que va de la administración, se han cerrado entre 13 y 20 casinos por presuntos vínculos con lavado de dinero y defraudación fiscal, en operativos conjuntos con la FGR y la UIF.

Pero el verdadero golpe de timón no viene solo de las amenazas, sino de la tecnología y los números. Las nuevas Reglas de Carácter General publicadas por Hacienda, que entran en vigor el 30 de noviembre de 2026, incorporan tres herramientas que cambiarán las reglas del juego para siempre.

Primero, umbrales más bajos y acumulación de operaciones. Ya no se trata de reportar un depósito suelto. La autoridad exige acumular las operaciones en un periodo de hasta seis meses; el aviso a la UIF debe presentarse en el momento en que se alcance o supere el umbral, sin necesidad de agotar el periodo. Esto elimina el «fraccionamiento» de operaciones para evadir la vigilancia, una práctica común en el sector. Además, se incorporan nuevos umbrales para operaciones relevantes en moneda nacional y extranjera, y se exige la identificación de operaciones inusuales sin importar el monto.

Segundo, identificación exhaustiva del beneficiario controlador. Las empresas de juegos y sorteos ahora tienen la obligación de escarbar hasta el último eslabón de sus clientes corporativos. Deberán identificar a accionistas, socios, fideicomitentes y dependientes económicos para saber quién está realmente detrás de las fichas que se apuestan. La figura del «prestanombres» queda obsoleta. Esto implica revisar estructuras societarias completas, fideicomisos y personas morales, con especial atención a Personas Políticamente Expuestas (PEPs), quienes deberán ser sujetas a un proceso de debida diligencia reforzada.

Tercero, monitoreo automatizado en tiempo real. Los operadores ya no podrán argumentar que «no sabían». Se exigen sistemas automatizados para generar alertas internas, clasificar riesgos de clientes por nivel (bajo, medio, alto) y actualizar perfiles transaccionales. La supervisión será constante, no anual. Esto implica que los centros de apuestas deberán invertir en tecnología, capacitar a su personal y designar a un encargado de cumplimiento normativo que responda directamente ante la UIF.

Estos cambios no son caprichos locales. Responden a la presión del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) en el marco de la 5ª Ronda de Evaluación Mutua, y se complementan con acciones conjuntas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ya ha sancionado a una red de casinos en Nuevo Laredo vinculada al Cártel del Noreste por inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos de efectivo. La cooperación internacional es ahora diaria, no excepcional.

El sector ha reaccionado con inquietud. Los operadores tienen hasta noviembre para actualizar sus manuales de prevención, políticas de conocimiento del cliente y sistemas de monitoreo. El costo de cumplimiento será alto, pero el costo de no hacerlo es mayor: el cierre definitivo del negocio y el procesamiento penal de sus responsables.

La ley de 1947 se jubila. El cumplimiento financiero toma la mesa. Para los operadores, la apuesta ya no es contra la casa, sino contra el reloj. El juego, en México, comienza a jugarse con otras reglas. Y esta vez, la casa siempre gana.

Dr. Luis David Fernández

Economista, Doctor (PhD) en Finanzas Públicas | Experto en Fiscalización Superior y Contraloría | Certified Anti-Money Laundering & Financial Crime Specialist. Certified AML & Anti-Fraud Specialist | Especialista y Oficial de Cumplimiento Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | Especialista en  Prevención al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Profesor Investigador 

En el complejo tablero de las finanzas globales, la reputación lo es todo. Sin embargo, para aquellos que operan en los márgenes de la legalidad, existe un documento que pesa más que cualquier calificación crediticia: la World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals. Esta lista, que ya supera los 4,300 entes sancionados a nivel global, es el faro que alumbra las zonas prohibidas para quienes pretendan lucrar con recursos del desarrollo internacional. No se trata de una simple nómina administrativa; es el principal mecanismo de disuasión contra la corrupción en proyectos que mueven anualmente más de 60 mil millones de dólares.

Lejos de ser un registro menor, esta lista representa la materialización del Acuerdo de Debarmento Cruzado de 2010. Gracias a este pacto histórico, una sanción impuesta por el Banco Mundial se convierte en un veto automático para los demás bancos multilaterales de desarrollo, como el BID, el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo. Esta arquitectura legal impide el clásico «juego del escondite», donde una empresa sancionada por corrupción en África simplemente se trasladaba a un proyecto en Asia o América Latina. Hoy, la exclusión es absoluta y coordinada.

El mecanismo sancionador es implacable y de alcance extensivo. Las causales van desde el fraude y la corrupción hasta la colusión, la obstrucción de investigaciones y prácticas coercitivas. Recientemente, la empresa Transformers and Rectifiers (India) Limited fue vetada por cuatro años tras ser vinculada con sobornos en un proyecto de 486 millones de dólares en Nigeria, demostrando que ni las corporaciones de gran tamaño escapan al escrutinio. La sanción no solo recae sobre la empresa matriz, sino que se extiende a todas las entidades que esta controle directa o indirectamente, disuadiendo la creación de «testaferros» corporativos y cadenas de subcontratación opacas. Esto incluye la inhabilitación para participar como contratista, subcontratista o incluso como proveedor de bienes y servicios.

Sin embargo, el sistema también ofrece una ruta de redención: el período de inelegibilidad puede suspenderse condicionalmente si la empresa sancionada implementa un programa de cumplimiento normativo robusto y colabora activamente con las investigaciones. Esta figura, conocida como debarment with conditional non-debarment, permite que aquellas organizaciones que demuestren un cambio genuino en su cultura corporativa puedan reintegrarse al mercado multilateral. Es decir, el Banco Mundial no solo castiga, sino que fomenta la autorregulación y la adopción de mejores prácticas de gobernanza.

Para nosotros en México, la vigilancia de estos listados no es un ejercicio académico ni una curiosidad legal. Es una necesidad estratégica. Empresas nacionales han aparecido en estos registros, como CESA Technology of Mexico, lo que nos recuerda que operar con fondos internacionales exige los más altos estándares de compliance. Las implicaciones para la economía mexicana son profundas: una inhabilitación implica no solo la pérdida del proyecto en cuestión, sino el cierre de puertas a futuras licitaciones y el inevitable daño reputacional que ahuyenta a socios comerciales legítimos.

La lección es clara y debe permear tanto al sector público como al privado. La opacidad en el uso de agentes aduanales, la falsificación de documentos de experiencia técnica o la simulación de competencia en licitaciones son prácticas que, aunque parezcan menores o «culturales», pueden desencadenar la exclusión perpetua del mercado global de infraestructura. El Banco Mundial ha endurecido su postura, y los días del «todo se arregla con una llamada» han quedado atrás.

La lista de inelegibles no es solo un castigo, es un recordatorio de que la integridad es el pasaporte indispensable para el desarrollo. En un mundo donde los recursos multilaterales son cada vez más escasos y disputados, México no puede darse el lujo de que sus empresas queden fuera del juego. La construcción de un ecosistema de cumplimiento normativo sólido no es un gasto, es la inversión más rentable para asegurar nuestra participación en el futuro de la infraestructura global.

Dr. Luis David Fernández Araya

Economista, Doctor (PhD) en Finanzas Públicas | Experto en Fiscalización Superior y Contraloría | Certified Anti-Money Laundering & Financial Crime Specialist. Certified AML & Anti-Fraud Specialist | Especialista y Oficial de Cumplimiento Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | Especialista en  Prevención al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva | Profesor Investigador 

La inminente renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República ha dejado de ser una simple expectativa interna para convertirse en una realidad política impostergable. Los consensos legislativos se han decantado con fuerza, el senador mexiquense Higinio Martínez Miranda de manera contundente presidirá los trabajos de la Cámara Alta a partir del 1 de septiembre. No se trata de un triunfo fortuito ni de una negociación de última hora, sino del desenlace natural de una postulación que, como señalamos firmemente en este espacio el pasado 14 de agosto, resulta oportuna, madura y estratégicamente necesaria para los tiempos de transformación institucional que vive el país. La balanza al interior del grupo parlamentario de Morena ha tomado una definición clara que disipa cualquier incertidumbre. Frente a las legítimas aspiraciones de otros valiosos compañeros de partido, la figura del mexiquense logró sumar el respaldo mayoritario de sus pares mediante el diálogo constructivo. Esto obedece a que su perfil encarna la solidez y la operatividad estratégica que demanda la conducción del Poder Legislativo en una etapa de profundas reformas. Al desempeñarse actualmente como vicecoordinador del Grupo Parlamentario y miembro activo de la Junta de Coordinación Política, Don Higinio Martínez Miranda posee el pulso exacto del quehacer legislativo y los puentes políticos necesarios para asegurar una transición unificada y eficiente. Esta inminente designación, que se perfila a consolidarse formalmente en la próxima reunión plenaria del partido, debe leerse bajo dos ópticas fundamentales que trascienden el simple reparto de posiciones: • Justicia para el Edomex: otorgarle la conducción del Senado al líder respaldado por más de 4.7 millones de votos en la entidad más poblada y compleja del país salda un contrasentido histórico de tres décadas de marginación en este órgano directivo. El principal motor electoral de la llamada Cuarta Transformación finalmente tendrá el peso específico y el lugar de dignidad que legítimamente le corresponde dentro del Pacto Federal. • Gobernar desde el disenso, el propio senador Higinio Martínez ha sido claro y contundente en sus recientes posturas de cara al relevo; el Senado necesita transitar del conflicto estéril hacia la construcción colectiva de soluciones útiles para problemas nacionales urgentes, destacando de manera prioritaria la seguridad pública. Su sensatez y apertura para revisar experiencias exitosas de gobernanza, sin importar el color partidista de origen, garantiza una presidencia estrictamente institucional, capaz de separar la inevitable disputa electoral del trabajo legislativo diario. La madurez política, la autoridad moral y el arraigo popular indiscutible de Higinio Martínez son las cartas credenciales exactas para conducir una Cámara Alta que hoy más que nunca exige dignidad, eficacia jurídica y un respeto absoluto a la pluralidad de voces. Como mexiquense no me equivoqué; la coyuntura histórica demandaba su liderazgo de mano firme pero conciliadora, y hoy la realidad parlamentaria nacional está a punto de confirmarlo en beneficio de la República.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: 

https://edomex.quadratin.com.mx/el-tiempo-del-senor-senador-higinio-madurez-y-justicia-para-el-edomex/

Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2025.

Dr.Luis David Fernández Araya

Economista, Doctor (PhD) en Finanzas Públicas | Experto en Fiscalización Superior y Contraloría | Certified Anti-Money Laundering & Financial Crime Specialist. Certified AML & Anti-Fraud Specialist | Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | Especialista en Prevención al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |Profesor Investigador

https://x.com/drluisdavidfer/status/2091904508733317411?s=46

Cada semana, desde esta tribuna, insisto en un tema que los funcionarios públicos prefieren evadir, la creciente desconexión entre el discurso gubernamental y la realidad técnica que enfrentamos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Hoy quiero ser propositivo, no crítico por la crítica. 

La «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional o Financial Action Task Force (GAFI-FATF) no es un castigo, sino un diagnóstico. Y los diagnósticos, cuando se abordan con rigor, se convierten en hoja de ruta. El problema es que, desde mi experiencia como investigador, he colaborado con instituciones públicas como la UIF y la SHCP, y con privadas como el INAP, el CIDE y el FLACSO, he visto cómo el cortoplacismo político secuestra las decisiones técnicas que podrían sacarnos de esta situación.

Las cifras son claras. Según el propio FATF-GAFI, México tiene incumplimientos en al menos 6 de los 40 estándares de evaluación, particularmente en supervisión basada en riesgo y sanciones efectivas. El costo estimado para el sistema financiero mexicano por la permanencia en la lista gris ronda los 1,200 millones de dólares anuales en mayores costos de cumplimiento y menor flujo de inversión extranjera directa, de acuerdo con análisis del Banco de México.

Pero hay buenas noticias, tenemos los instrumentos para resolverlo. La reforma al Reglamento de la LFPIORPI, vigente desde marzo de 2026, establece plazos más estrictos, 10 días hábiles para responder a la UIF y exige conservación de documentos por 10 años. No se trata de más leyes, se trata de implementarlas con inteligencia.

Desde mi trabajo en el sector público y privado, he diseñado modelos de riesgo que reducen en un 40% los falsos positivos en el reporte de operaciones inusuales, sin aumentar la carga operativa. He visto cómo la colaboración entre la banca, las fintech y la autoridad puede generar alertas tempranas que realmente prevengan, no solo reporten. Estas soluciones existen, pero requieren voluntad técnica, no ocurrencias.

La salida de la lista gris es alcanzable si actuamos en tres frentes: primero, fortalecer la capacitación de los sujetos obligados, no con cursos genéricos, sino con simuladores basados en casos reales. Segundo, crear un comité técnico independiente que evalúe semestralmente el avance de las recomendaciones del GAFI, con participación de academia y sector privado. Tercero, adoptar estándares internacionales de intercambio de información entre la UIF y la Fiscalía, que hoy tienen un rezago de hasta 18 meses en promedio.

He trabajado con gobiernos de todos los partidos, del PRI, PAN, PRD y Morena, y en todos he encontrado funcionarios capaces y honestos. El problema no es ideológico, es estructural, hemos privilegiado la ocurrencia sobre la evidencia. México puede más si actúa con rigor técnico, si deja de ver a la FATF como una amenaza y la asume como un espejo. La inacción nos cuesta, pero la acción bien dirigida nos abrirá las puertas de los mercados y la confianza internacional. El momento es ahora.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en PLD/FT y Protocolos FATF-GAFI y OFAC. 

Cada semana, desde esta tan importante tribuna como es La Crónica De Hoy, he insistido en un tema que los funcionarios públicos prefieren evadir, la creciente desconexión entre los estándares internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y la realidad operativa de las instituciones mexicanas encargadas de perseguir estos delitos.
Hoy quiero hablar de un riesgo que no es especulativo, sino inminente: la posible inclusión de México en la «lista gris» del FATF-GAFI. Y quiero hacerlo no con alarmismo, sino con la precisión técnica que exige un tema de esta magnitud, la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) está a la vuelta de la esquina. Los plazos corren y los informes preliminares no son alentadores. México arrastra deficiencias estructurales en múltiples áreas, identificación de beneficiarios finales, aplicación efectiva de sanciones, intercambio de información con otras Unidades de Inteligencia Financiera, y capacidad operativa para convertir los Reportes de Operaciones Sospechosas en investigaciones judiciales que realmente conduzcan a condenas.
¿Qué significa estar en la lista gris?
No es una sanción simbólica, es un colchón de plomo para la economía nacional, los países incluidos en esta categoría son considerados jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de PLD/FT. Las consecuencias son inmediatas y devastadoras:
• Encarecimiento del crédito internacional. Los bancos corresponsales, particularmente estadounidenses, aplican mayores controles y exigen garantías adicionales para operar con entidades mexicanas.
• Fuga de inversión extranjera directa. Los fondos de inversión y las empresas globales evitan jurisdicciones señaladas por el FATF-GAFI, por el simple riesgo reputacional y operativo.
• Mayores costos de transacción. Cada operación financiera internacional se vuelve más lenta, más costosa y sujeta a revisiones exhaustivas.
• Daño reputacional. México sería percibido como un paraíso para el lavado de dinero, lo que afecta la imagen del país en foros internacionales y su capacidad de negociación comercial.
Y aquí quiero ser claro: no es un problema de soberanía ni de injerencia extranjera, es un problema de eficacia institucional, el FATF-GAFI no impone estándares caprichosos, son el resultado de décadas de experiencia global en el combate al crimen financiero. Países como Panamá, Nigeria o Turquía han estado en esa lista y saben perfectamente el costo que implica.
¿Qué está fallando en México?
En mi experiencia en la SHCP, en la ASF y en la Comisión Presidencial de los Fideicomisos Extintos, he visto de cerca cómo las herramientas existen, pero la voluntad política para aplicarlas es intermitente, cuando no inexistente.
La UIF genera Reportes de Operaciones Sospechosas, pero su capacidad para convertirlos en expedientes judiciales robustos es limitada, La Fiscalía Anticorrupción recibe denuncias, pero los procesos se eternizan, el intercambio de información con otros países miembros del Grupo Egmont es, en el mejor de los casos, insuficiente.
¿Qué necesitamos hacer?
Primero, asumir que el problema existe. Mientras los funcionarios minimicen el riesgo, seguiremos sin tomar decisiones.
Segundo, fortalecer la UIF. Dotarla de autonomía operativa real, recursos técnicos y personal especializado.
Tercero, implementar la Recomendación 24 del FATF-GAFI, que exige registros públicos actualizados y accesibles de beneficiarios finales de empresas y fideicomisos. Sin transparencia, no hay fiscalización posible.
Cuarto, y más urgente, crear mecanismos efectivos de coordinación entre la UIF, la FGR y la Fiscalía Anticorrupción, para que el conocimiento financiero se traduzca en acciones judiciales.
México no puede darse el lujo de ser colocado en una lista que encarecerá nuestra economía, ahuyentará la inversión y nos exhibirá como un país que no toma en serio el combate al crimen financiero.
No es una cuestión de política. Es una cuestión de supervivencia económica.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Inteligencia Financiera con más de 25 años de experiencia operativa y directiva en el Estado Mexicano. Funcionario Público a nivel Municipal, Estatal y Federal, Diputado Federal, Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT – AML/CFT), Oficial de Cumplimiento Certificado. Experto en fiscalización superior, control interno bajo estándares COSO-INTOSAI, auditoría forense, evaluación de riesgos (Enterprise Risk Management – Enfoque Basado en Riesgos – EBR). Amplia experiencia interinstitucional desde diferentes instancias del Gobierno Mexicano con la UIF, SHCP, ASF, FGR, SEGOB y con Organos Internos de Control. Especialista en integración de expedientes técnicos probatorios y acusatorios en materia de corrupción. Profesor Investigador del INAP

Agradezco profundamente al Colegio de Contadores Públicos de Madre de Dios, Perú, por la invitación y la distinción de participar como ponente en su Ciclo de Conferencias Magistrales por las Bodas de Perla, con motivo de su 30 aniversario.

Fue un privilegio compartir algunas reflexiones sobre “Riesgos y Control Interno en el Sector Público”, un tema fundamental para fortalecer la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión de nuestras instituciones.

Mi reconocimiento a sus autoridades, integrantes y profesionales de la contaduría pública por generar estos espacios de intercambio de conocimiento y experiencias.

Desde México, mi gratitud y felicitación al Colegio por estos 30 años de trayectoria institucional.

#ControlInterno #Riesgos #SectorPúblico #Fiscalización #Integridad #Transparencia #RendiciónDeCuentas #Perú #México

https://x.com/drluisdavidfer/status/2089339095055040657?s=46

Hay sanciones que llegan con estruendo, una intervención militar, un embargo comercial, un titular de primera plana, y hay otras que operan en silencio, sin discursos ni ceremonias, pero con un poder devastador, las listas negras del sistema financiero nacional o internacional.

No se trata de un simple registro administrativo, el ser incluido en una de estas listas significa, en la práctica, quedar aislado de los circuitos financieros globales. Los bancos nacionales e internacionales dejan de operar con la jurisdicción señalada, los inversionistas retiran capital, las líneas de crédito se cierran y el costo de cualquier transacción se dispara, la consecuencia no es solo económica:, es la pérdida de la confianza que sostiene a cualquier sistema financiero, y esa confianza, una vez erosionada, tarda años en reconstruirse.

El mecanismo detrás de estas listas responde a un consenso internacional construido durante más de tres décadas, ya que los organismos multilaterales especializados en la materia evalúan periódicamente a los países según su capacidad y voluntad política para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. No basta con tener leyes en el papel, se audita la efectividad real de las instituciones, la coordinación entre autoridades, la capacidad de rastrear el dinero ilícito y, sobre todo, los resultados medibles en sanciones y recuperación de activos.

Aquí es donde surge la reflexión más incómoda, la exposición pública, más que la ilegalidad flagrante, se ha convertido en el mayor riesgo reputacional para gobiernos, instituciones financieras y empresas privadas por igual. Una jurisdicción puede tener zonas de vulnerabilidad  y prácticamente todas las tienen, pero lo que determina su lugar en el tablero nacional o  internacional es si actúa con transparencia y rigor técnico, o si prefiere mirar hacia otro lado.

Lo mismo aplica al sector privado, cada vez con mayor frecuencia, la solidez de una empresa ya no se mide solo por su rentabilidad o su posicionamiento de mercado, sino por la robustez de su marco de control interno, de su identificación de riesgos, un socio comercial, un proveedor o un intermediario financiero con vínculos  directos o indirectos con actividades de riesgo puede arrastrar a toda una cadena de negocios hacia el escrutinio internacional, sin que exista dolo alguno de por medio. La debida diligencia dejó de ser un formalismo de cumplimiento para convertirse en una condición de supervivencia empresarial.

El reto, entonces, no es únicamente evitar figurar en una lista negra o gris, sino construir un sistema preventivo que haga innecesaria esa posibilidad. Esto exige inteligencia financiera con capacidad tecnológica real, coordinación efectiva entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades fiscalizadoras y el sector regulado, y lo más difícil de conseguir es voluntad política sostenida más allá de los ciclos de gobierno.

El mundo avanza hacia estándares cada vez más exigentes. La inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos ya permiten identificar patrones de riesgo que antes pasaban inadvertidos, y los organismos internacionales han elevado el nivel de sofisticación con el que evalúan a cada jurisdicción. Quedarse rezagado en ese proceso no es una opción neutral, tiene un costo, y ese costo lo terminan pagando los ciudadanos, las empresas honestas y la economía en su conjunto.

Al final, la pregunta no es si una lista negra puede tocarnos algún día. La pregunta es si estamos preparados para enfrentar que algún proveedor o cliente nos meta en un problema. 

Dr. Luis David Fernández Araya

Colaborador La Crónica de Hoy

Las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de EU y las reglas GAFI aplicadas a Irán nos dejan una enseñanza clara, el dinero ilícito no entiende de fronteras, y México debe actualizar su arsenal.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) movió sus fichas con precisión milimétrica, El 6 de agosto designó a los exchanges de criptomonedas Shelbit y Aban Tether, acusados de facilitar el lavado de millones de dólares en criptoactivos para la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Simultáneamente, desmanteló una red de casas de cambio y empresas fantasma, entre ellas Titan Exchange y Alps International que movía cientos de millones de dólares para el régimen iraní a través de su vínculo con el Banco Shahr. Un día antes, el 5 de agosto, actualizó su lista de sancionados (SDN List), eliminando una entidad y dos aeronaves cuyos bienes fueron desbloqueados, y actualizando el perfil del iraquí Basheer Abdulkadhim Alwan para añadir su conexión directa con la temida Fuerza Quds.

Desde mi experiencia como especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), veo en estas acciones un espejo indispensable para México, no se trata de un conflicto geopolítico lejano, se trata de metodologías que el crimen organizado local ya está replicando con preocupante sofisticación.

He seguido de cerca cómo las organizaciones ilícitas en nuestro país han migrado hacia las criptomonedas y las redes de comercio exterior para disfrazar sus flujos financieros, lo que la OFAC hizo con Irán fue el seguir la pista digital hasta Georgia, Polonia y Emiratos Árabes Unidos, es exactamente el tipo de inteligencia financiera transfronteriza que debemos desarrollar con urgencia en México. No basta con revisar transferencias bancarias tradicionales. hay que mirar el ecosistema cripto, los exchanges no regulados, las plataformas descentralizadas y las empresas de fachada que cruzan mercancías sin sustento real.

El caso de Titan Exchange y Alps International me resulta particularmente revelador pues la estructura de casas de cambio y firmas fantasma que movía divisas para el Banco Shahr de Irán es calcada a la que utilizan los cárteles mexicanos para repatriar ganancias a través de importaciones sobrefacturadas o exportaciones subfacturadas. He visto expedientes donde empresas con domicilios fiscales inexistentes facturan millones de pesos en operaciones que nunca ocurren, por lo que insisto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la CNBV deben  modernizan sus herramientas de supervisión con inteligencia artificial y análisis de redes, pues existe el riesgo de que seguiremos un paso atrás frente a una delincuencia que ya usa la tecnología como su principal aliada.

Otro punto que destaco es la actualización de la lista SDN. Eliminar bienes desbloqueados y actualizar perfiles como el de Alwan no es un trámite administrativo, es un mensaje claro de que las sanciones son dinámicas y se adaptan a la evolución de las redes ilícitas. En México, necesitamos listas negras igual de vivas, que se actualicen con la velocidad que exige el crimen financiero, no con los tiempos burocráticos que hoy lastran nuestra capacidad de reacción.

Mi papel como especialista me obliga a ser crítico y propositivo. Mientras la OFAC golpea con precisión quirúrgica, en México seguimos debatiendo si las criptomonedas son o no un riesgo, cuando ya son una realidad que mueve millones al margen del sistema financiero regulado. La semana pasada, Washington nos dio una cátedra de coordinación global contra el lavado de activos, articulando agencias de inteligencia, reguladores financieros y aliados internacionales en una operación que cruzó tres continentes.

El dinero ilícito no descansa, y tampoco debe hacerlo nuestra capacidad técnica. Como referente en PLD en México, ese es mi compromiso, hay que entender que el lavado ya no es un problema local, es un juego global, y nosotros debemos jugar con las mismas reglas, o mejor. La OFAC nos mostró el camino. Ahora falta recorrerlo.

Dr. Luis David Fernández Araya

Colaborador de El Heraldo de México 

https://www.cronica.com.mx/opinion/2026/08/06/compliance-la-inteligencia-que-protege-a-las-empresas-e-instituciones/

Durante muchos años sostuve que el control interno debía dejar de entenderse como una función burocrática para convertirse en una herramienta estratégica de prevención. Hoy esa convicción cobra mayor vigencia. La evolución de las sanciones internacionales demuestra que el compliance ya no consiste en cumplir requisitos documentales, esto consiste en proteger a las instituciones antes de que el riesgo se materialice.

Las acciones más recientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos reflejan un cambio de paradigma. Ya no basta con identificar a una persona sancionada. La atención ahora está puesta en las redes que hacen posible la operación, en los beneficiarios finales ocultos, empresas fachada, intermediarios financieros, operadores logísticos e incluso prestadores de servicios que, consciente o inconscientemente, facilitan la evasión de sanciones.

Desde mi experiencia en la fiscalización, el control institucional y la prevención del lavado de dinero, considero que este cambio obliga a replantear la forma en que concebimos el cumplimiento. La pregunta ya no debe ser únicamente quién es el cliente, sino quién controla realmente la operación, quién obtiene el beneficio económico y qué riesgos acompañan toda la cadena de negocio.

Los estándares internacionales avanzan hacia un modelo basado en riesgos, inteligencia financiera y monitoreo permanente. Esa visión coincide con lo que durante años he defendido: el control interno no debe reaccionar cuando el problema ya ocurrió; debe anticiparse para evitar que ocurra.

Para México, esta transformación representa una oportunidad. Las organizaciones que inviertan en fortalecer sus sistemas de control interno, identificar adecuadamente a los beneficiarios finales y comprender la trazabilidad de los recursos estarán mejor preparadas para competir en un entorno donde la confianza se ha convertido en un activo estratégico.

Con frecuencia se piensa que el compliance representa un costo. Yo sostengo exactamente lo contrario. Es una inversión en certeza jurídica, reputación institucional y continuidad operativa. Las empresas y las instituciones que entiendan esta realidad serán las que generen mayor confianza entre inversionistas, autoridades y sociedad.

El futuro del cumplimiento no dependerá de listas cada vez más extensas ni de controles más rígidos. Dependerá de la capacidad para generar inteligencia, administrar riesgos y fortalecer una cultura de integridad. En un mundo donde las estructuras financieras son cada vez más complejas, la mejor estrategia sigue siendo la misma: prevenir antes que sancionar.

Esa es, a mi juicio, la diferencia entre administrar riesgos y simplemente reaccionar ante ellos. El compliance dejó de ser una obligación regulatoria; hoy es una condición indispensable para proteger el patrimonio, la estabilidad institucional y la confianza pública.

Dr. Luis David Fernández Araya

Economista Doctor (PhD) en Finanzas Públicas | Experto en Fiscalización Superior y Contraloría | Certified Anti-Money Laundering Specialist & Financial Crime Specialist. Certified AML & Anti-Fraud Specialist

El debate semántico estalló, nuestra Presidenta Sheinbaum lo zanjó con la precisión de una ingeniera, no son refinerías clandestinas, son «centros de procesamiento» . La instalación de Cadereyta, aseguró, carece de la complejidad de una refinería, una distinción técnica válida, pero ahí no se detiene en la nomenclatura, mi precisión en esta columna es ser ser una lupa sobre el dinero., pero qué se ve cuando enfoca esos galerones con pipas, esos millones de litros asegurados en Cadereyta sigue siendo el eslabón más vulnerable de la cadena criminal, el financiero.

Los Centros no son el problema, la enfermedad está en la red de empresas fachada, en las facturas apócrifas, en los 23 mil millones de pesos que la FGR detectó simulados en operaciones de «petrofactureros», la DEA lo documentó, el crimen usa el huachicol y gasolineras legales como máquinas de lavado, tejiendo una estructura que la OFAC ya sancionó . El operativo de la Guardia Nacional en Cadereyta fue táctico, un éxito, pero sin el brazo financiero que rastree esos flujos, sin la inteligencia patrimonial que identifique al dueño de las pipas, al testaferro de la gasolinera, al beneficiario final de los 671 mil litros de hidrocarburo esos centros son solo el inicio de una persecución que no llega a su destino .

El gobierno ha logrado la baja en el huachicol mediante el aumento de ventas legales, la digitalización de pagos en gasolineras es una herramienta, pero hace falta más. El verdadero poder no está en el QR que identifica el transporte ilegal, está en la capacidad del Estado para procesar datos financieros, para cruzar cuentas bancarias con permisos de la Comisión Reguladora de Energía, para inyectar recursos a una UIF que persiga al dinero y no solo al combustible.

Sin esa inversión, sin esa fuerza, los «centros de procesamiento» son lo que siempre fueron, la punta de un iceberg financiero. El dinero no se disuelve con un golpe táctico, se procesa con inteligencia, y esa inteligencia, tiene un costo.

La pregunta no es si el gobierno de Sheinbaum quiere combatir el huachicol. La pregunta es si está dispuesto a financiar la guerra que realmente importa, la de los flujos, porque sin presupuesto para PLD, sin analistas con salarios que no tienten a la corrupción, sin algoritmos que crucen datos en tiempo real, seguiremos celebrando aseguramientos exitosos de pipas mientras el dinero baila en cuentas offshore. 

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Fiscalización Superior

Llevamos años viendo cómo el crecimiento desordenado y la falta de visión convertían al Estado de México en un gigante con los pies de barro, donde el tiempo perdido en traslados se traducía en calidad de vida robada. Pero hoy, algo ha cambiado, Mi Gobernadora y ex Jefa, la Maestra Delfina, ha dado un manotazo en la mesa, el 2026 no es un año más, es el año en que las palabras se vuelven concreto y el Estado de México comienza a construir el futuro que merece.

Las cifras son contundentes. Entre el gobierno federal y estatal, la inversión en infraestructura y movilidad supera los 76 mil millones de pesos . Esta es una apuesta histórica que no solo busca parchar baches, sino transformar profundamente la conectividad de nuestra entidad. No es un simple discurso: es un plan integral que ya está dando resultados palpables.

Un ejemplo claro es el Plan Oriente, una región históricamente olvidada donde más de 10 millones de mexiquenses exigen soluciones. Ahí, los trenes de pavimentación han intervenido un millón 242 mil metros cuadrados, equivalentes a 100 kilómetros de vialidades mejoradas . Pero la verdadera joya de la corona son los 20 puentes vehiculares proyectados, con una inversión de dos mil millones de pesos en los puentes de Alameda Oriente para sustituir estructuras obsoletas y agilizar el tránsito entre el Edomex y la CDMX .

La apuesta va más allá del automóvil, y esa es la gran diferencia de esta administración. Se trata de un cambio de paradigma hacia un sistema de transporte público masivo, digno y eficiente. La construcción de la Línea VI del Mexibús, el Trolebús Ixtapaluca y el Tren Ligero Texcoco-La Paz son proyectos que prometen reducir de tres horas a minutos los traslados diarios de miles de familias . Se conectará el Valle de Toluca con el Tren Insurgente y se fortalecerá la conexión con el AIFA, integrando a la entidad en la lógica de una gran metrópoli moderna.

El 2026 es el año en que el Estado de México dejó de ser el patio trasero de la capital para convertirse en el corazón de un proyecto nacional de desarrollo. La transformación está en marcha y, por primera vez, se siente real. La obra avanza y los mexiquenses podemos ver, con nuestros propios ojos, cómo el futuro se construye. 

Dr. Luis David Fernández Araya

Colaborador de Opinión Quadratin

https://www.cronica.com.mx/opinion/2026/07/30/consolidacion-fiscal-2026-entre-la-disciplina-y-el-crecimiento/

El Paquete Económico 2026 llegó al Congreso con un objetivo claro, el lograr un superávit primario de 0.5% del Producto Interno Bruto y estabilizar la deuda pública en 52.3% del PIB. En palabras llanas, el gobierno se compromete a gastar menos de lo que ingresa. Después del déficit más alto en cuatro décadas, esta meta es un mensaje contundente a los mercados. Pero la pregunta que me hago es si esta disciplina no nos está saliendo demasiado cara.
Porque la consolidación fiscal en México se ha logrado recortando presupuestos de salud y educación. Entiendo que en el corto plazo eso ajusta las cifras. Pero el costo de oportunidad es brutal. Menos recursos para formar médicos, para mantener escuelas dignas, para equipar hospitales, eso no es un número en una hoja de Excel, es capital humano que no se desarrolla y movilidad social que se frena. Es como curar una fiebre con una dieta que te deja sin energía.
El diagnóstico se complica con las proyecciones económicas. Hacienda estima un crecimiento de 2.3% este año. Los analistas privados proyectan apenas 1.07%. Esa diferencia no es técnica, es política. Si la economía no crece a ese ritmo, la recaudación será menor y el superávit se convierte en una meta imposible. ¿Qué sigue? Más recortes. Menos gasto, menos crecimiento, menos recaudación.
Y como si fuera poco, Estados Unidos muestra señales claras de desaceleración. Si el vecino del norte tose, nosotros nos resfriamos. Eso golpea nuestros ingresos fiscales vía comercio exterior y remesas.
Pero aquí quiero detenerme y ser especialmente duro con un actor que sistemáticamente ha esquivado su responsabilidad, el sector empresarial mexicano. No me refiero a las pymes que luchan por sobrevivir, sino a las grandes corporaciones que tienen capacidad de pago y que han hecho de la elusión fiscal una práctica cotidiana. Mientras el gobierno recorta presupuestos en salud y educación, estas empresas siguen aprovechando privilegios fiscales y resquicios legales para no pagar lo que les corresponde. Es un escándalo silencioso que no puede seguir tolerándose.
México es el país de la OCDE con la menor presión fiscal, apenas 17% del PIB. Y no es porque seamos pobres, es porque quienes más tienen han construido un sistema a su medida para no contribuir. La evasión y la elusión fiscales le cuestan al Estado mexicano entre 500 mil y 800 mil millones de pesos al año. Esa cantidad es más del doble de lo que se gasta en educación superior. La falta de pago de unos cuantos está financiando, por omisión, el rezago educativo, la falta de medicinas y la infraestructura deficiente del resto. Es insostenible, es inmoral y es un lastre que nos hunde.
El gobierno hace un esfuerzo titánico por consolidar las finanzas. ¿Y las grandes empresas? Siguen jugando al escondite con el fisco, abriendo empresas fachada en paraísos fiscales y utilizando estrategias de planeación fiscal agresiva. Ya basta de simulación. Ya basta de que los mismos de siempre se nieguen a poner su parte mientras el Estado se desangra y los más vulnerables pagan las consecuencias.
Todo esto nos lleva a una encrucijada. La consolidación fiscal es necesaria, pero no puede ser un fin en sí misma. Necesitamos una reforma fiscal integral que cierre las puertas a la evasión y la elusión, que elimine privilegios. Pero esa reforma debe tener dientes. Debe incluir sanciones ejemplares. Debe poner en el banquillo a los que han hecho de la evasión fiscal un modelo de negocio.
La lección es contundente, la disciplina por sí sola no construye futuro. La construimos entre todos, o no la construye nadie. Las grandes empresas deben entender que su responsabilidad no termina en la generación de empleos; incluye también su contribución fiscal. Si ellas no pagan, son los niños sin escuela, los enfermos sin medicina y los jóvenes sin oportunidad quienes terminan pagando la factura. Eso no es solo injusto; es una deuda histórica que el país les está cobrando.
El verdadero desafío no es consolidar las cuentas públicas, sino consolidar el futuro de México. Y eso requiere voluntad y la valentía de poner el crecimiento sostenible en el centro de la política fiscal. No es un ejercicio técnico; es una decisión política que definirá el país que heredarán nuestros hijos. No podemos fallarles.

Dr. Luis David Fernández Araya
Colaborador La Crónica

Doctor en Finanzas Públicas, Investigador, Especialista en Inteligencia Financiera con más de 25 años de experiencia operativa y directiva en el Estado Mexicano. Funcionario Público a nivel Municipal, Estatal y Federal, Diputado Federal, Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT – AML/CFT), Oficial de Cumplimiento Certificado por la SHCP – CNBV. Experto en fiscalización superior, control interno bajo estándares COSO-INTOSAI, auditoría forense, evaluación de riesgos (Enterprise Risk Management – Enfoque Basado en Riesgos – EBR). Amplia experiencia interinstitucional desde diferentes instancias del Gobierno Mexicano con la UIF, SHCP, ASF, FGR, SEGOB y con Organos Internos de Control. Especialista en integración de expedientes técnicos probatorios y acusatorios en materia de corrupción.

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/7/27/uif-sat-mas-eficiencia-los-factureros-seguiran-vivos-857262.html

A pesar de que la simulación de operaciones está considerada como delincuencia organizada (69B del CFF), la reciente reforma a la Ley Antilavado llegó pero no ha sido suficiente, la nuevas actividades vulnerables, el mayor control al beneficiario controlador, la presión desde Washington para que México se alinee con los estándares del GAFI pues suenan bien en los comunicados oficiales, pero mientras la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT se enredan en discursos y requisitos burocráticos, los factureros siguen facturando, y siguen vivitos y coleando.

El problema no es la ley, es la simulación. Y la simulación no se combate con más papelitos ni con capacitaciones obligatorias para empresarios formales. Se combate con inteligencia financiera real, con cruce de datos en tiempo real y con operativos que desmantelen las fábricas de facturas falsas. Pero eso exige eficiencia, y la eficiencia no es precisamente el fuerte de nuestras autoridades fiscales y financieras.

En Estados Unidos, el Tesoro ya puso el dedo en la llaga: las empresas fantasma y la falta de transparencia en la propiedad beneficiaria son el talón de Aquiles del sistema. Allá las señales de alerta están claras: transacciones sin sentido económico, clientes que se esconden detrás de capas societarias, cambios bruscos en los patrones de operación. ¿Y aquí? Aquí seguimos atrapados en el juego del gato y el ratón, donde el gato parece tener los ojos vendados.

Los factureros no son genios del crimen. Son oportunistas que encontraron un negocio redondo porque saben que la probabilidad de ser detectados y sancionados es baja. Emiten facturas por servicios que nunca se prestaron, por productos que jamás existieron. Y al otro lado, hay empresas que compran esas facturas para reducir su carga fiscal o, en el peor de los casos, para darle baño de legalidad a dinero sucio. Es una cadena que la autoridad conoce perfectamente. Pero conocer no es actuar.

La UIF tiene atribuciones para congelar cuentas, para solicitar información bancaria, para seguir la pista del dinero. El SAT tiene el sistema de facturación electrónica más avanzado de América Latina, con millones de datos que podrían cruzarse en segundos para detectar inconsistencias. ¿Entonces por qué los factureros siguen vivos? Porque la voluntad política para perseguirlos no ha llegado. Porque es más fácil perseguir al pequeño contribuyente que no declara sus ingresos que desmontar una red de simulación que mueve millones.

La reforma amplía el catálogo de actividades vulnerables: bienes raíces, vehículos, joyas, activos virtuales. Pero los factureros operan en todas ellas. Un facturero no discrimina. Si hay demanda, hay oferta. Y la demanda existe porque el sistema lo permite. Porque mientras no haya sanciones ejemplares, mientras no haya nombres y apellidos en la lista negra, mientras no se publiquen los casos exitosos de desmantelamiento de estas redes, el mensaje que se envía es claro: la simulación es un riesgo calculado, y el cálculo favorece al simulador.

La presión de Washington es real. Se han señalado a instituciones financieras mexicanas como focos de preocupación. Se han designado cárteles como organizaciones terroristas, bloqueando su acceso al sistema financiero estadounidense. México no puede quedarse en el discurso. Necesita mostrar resultados. Y los resultados no se miden en leyes reformadas, se miden en factureros tras las rejas y en empresas que piensen dos veces antes de comprar una factura falsa.

No se trata de perseguir al empresario formal que ya cumple con sus obligaciones. Se trata de ir por los que simulan. Por los que convierten el cumplimiento fiscal en una farsa. Por los que utilizan la facturación electrónica como herramienta de fraude. La autoridad tiene los datos, tiene las herramientas, tiene el marco legal. Lo que le falta es eficiencia. Y mientras esa eficiencia no llegue, los factureros seguirán vivos. Y con ellos, la simulación seguirá siendo el gran negocio invisible de la economía mexicana.

Seguiremos desde el Gobierno luchando contra este gran lastre. 

Dr. Luis David Fernández Araya

Funcionario Público Especialista en Fiscalización y Prevención de Lavado de Dinero

“Los informes de la Auditoría Superior de la Federación y los propios órganos internos de fiscalización han documentado, año tras año, desvíos, contratos sin licitación, obras inconclusas y programas sociales mal focalizados”

https://x.com/drluisdavidfer/status/2080740892206412153?s=48

En mis más de 25 años de experiencia en la administración pública mexicana, tanto en niveles municipal, estatal y federal, he dedicado mi carrera profesional a la fiscalización superior, la contraloría y la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), participé activamente en el fortalecimiento de marcos regulatorios, la coordinación interinstitucional y el apoyo directo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para implementar controles efectivos contra el lavado de activos. Posteriormente, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), impulsé la integración de auditorías forenses, evaluaciones de riesgos de lavado en la revisión del gasto público y el análisis de irregularidades que involucran flujos ilícitos, contribuyendo a una fiscalización más robusta y orientada a la prevención de delitos financieros, me ha permitido dialogar de tú a tú con funcionarios clave del Departamento del Tesoro de EE.UU., quienes me han confirmado lo que los hechos demuestran con contundencia: las herramientas interinstitucionales entre Estados Unidos y México son altamente eficaces. John Rogers a quien tengo el gusto de conocer, y quien es pieza clave en el departamento del tesoro de EU, no se equivocaba al promover esta colaboración estratégica; los resultados de 2025 validan su visión y celebran que la inteligencia policial y financiera, cuando se integra de verdad, genera impactos reales y disruptivos.

Los cárteles de Sinaloa, el CJNG, entre otros, blanquean miles de millones mediante casinos, instituciones financieras, empresas simuladoras, factureras, despachos que engañan a los empresarios con soluciones “fatídicas”, que siempre explotan y con esquemas engañosos que poco duran y ahora menos durarán.  Nuestras acciones coordinadas están funcionando, la inteligencia financiera y policial conjunta está cortando flujos ilícitos, aislando redes y generando arrestos.

Celebremos los avances concretos. En junio de 2025, FinCEN aplicó por primera vez la Ley FEND Off Fentanyl para designar a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector como preocupaciones primarias de lavado ligado al tráfico de opioides, prohibiendo transacciones con ellas y extendiendo plazos tras la cooperación mexicana para mitigar riesgos. Esta medida histórica, combinada con la intervención temporal de estas entidades por nosotros como autoridades mexicanas, demuestran que el diálogo bilateral produce resultados tangibles en la protección de ambos sistemas financieros.

En noviembre de 2025, una operación conjunta EE.UU.-México golpeó duro al Cártel de Sinaloa, el Tesoro (OFAC y FinCEN) sancionó a 27 individuos y entidades del Hysa Organized Crime Group, y propuso medidas especiales para cortar el acceso al sistema financiero estadounidense de 10 casinos mexicanos (como Midas, Skampa, Emine y otros en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco) usados para blanquear ganancias de fentanilo y narcotráfico. En paralelo, la UIF mexicana bloqueó transacciones de 13 casinos y añadió a su lista de personas bloqueadas a siete individuos y 24 entidades vinculadas, coordinando con el Gabinete de Seguridad. Estas acciones sincronizadas con inteligencia financiera que fluye, sanciones simultáneas y disrupciones operativas, han generado bloqueos de cuentas, restricciones transfronterizas y avances en investigaciones que salvan vidas al reducir el financiamiento del crimen.

Estos éxitos no son aislados, provienen del intercambio fluido de inteligencia bajo el Marco Bicentenario, mesas público-privadas y el compromiso de agencias como FinCEN y UIF. La inteligencia policial identifica operadores clave; la financiera traza flujos y corta recursos. Juntas, desmantelan redes que antes operaban con impunidad.

Desde mi experiencia en SHCP y ASF, insisto, ignorar el control interno y la prevención proactiva sería un error grave. Pero hoy celebramos que, cuando se aplican con rigor y coordinación, estas herramientas funcionan. México y EE.UU. tienen el marco probado; lo que se requiere es profundizar la voluntad política para escalarlas.

Fortalecer controles internos, anticipar riesgos y potenciar la inteligencia compartida no es opcional: es la estrategia ganadora. La prevención y la acción conjunta no solo detienen al crimen; lo derrotan. Es hora de redoblar esfuerzos: los resultados de 2025 lo prueban. La complacencia pierde; la inteligencia coordinada gana la guerra.

Por Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Fiscalización y Prevención de Lavado de Dinero

Especialista en Inteligencia Financiera con más de 25 años de experiencia operativa y directiva en el Estado Mexicano. Funcionario Público a nivel Municipal, Estatal y Federal, Diputado Federal, Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT – AML/CFT), Oficial de Cumplimiento Certificado Externo con registro SHCP – CNBV. Experto en fiscalización superior, control interno bajo estándares COSO-INTOSAI, auditoría forense, evaluación de riesgos (Enterprise Risk Management – Enfoque Basado en Riesgos – EBR). Amplia experiencia interinstitucional desde diferentes instancias del Gobierno Mexicano con la UIF, SHCP, ASF, FGR, SEGOB y con Organos Internos de Control. Especialista en integración de expedientes técnicos-probatorios y acusatorios en materia de corrupción.

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/7/6/fachadas-legales-negocios-ilicitos-844775.html

La reciente acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a colocar el foco sobre el entramado económico que opera en la sombra, más allá de los nombres propios, esta semana la OFAC ha enviado un mensaje contundente, las empresas, sin importar su giro, son piezas clave en el tablero del financiamiento ilícito.

El pasado 30 de junio, el gobierno estadounidense anunció sanciones contra nueve empresas mexicanas, así como una con sede en el Reino Unido. Ninguna de ellas se dedica, al menos en el papel, a actividades ilegales, hablamos de firmas de logística, de transporte, de servicios financieros como casas de cambio, y hasta de empresas inmobiliarias m, que precisamente, la diversificación del castigo nos revela la sofisticación de las estructuras que se busca desmantelar.

El caso de Oscar Guillermo, identificado por las autoridades como el operador financiero detrás de buena parte de esta red, es ejemplar, a su nombre, o bajo su control, figuran compañías como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, o Soma Transporte y Servicios . El esquema, según la acusación, consistía en utilizar estas fachadas para falsificar documentación aduanera, evadir impuestos como el IEPS y, en el proceso, generar ganancias millonarias, no se trata de un negocio paralelo, sino de la operación misma.

El segundo sancionado, el Sr. Refugio operaba a través de Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas que, según el Tesoro de EU movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense sin los permisos correspondientes . El mensaje es claro, el sistema bancario y las cadenas logísticas ya no son solo un medio, sino un objetivo de vigilancia.

El impacto en el tejido empresarial de estas sanciones es profundo, la OFAC no solo bloquea bienes, sino que prohíbe a cualquier ciudadano o entidad estadounidense realizar transacciones con los señalados, esto convierte a las empresas sancionadas en un riesgo de cumplimiento para cualquier socio comercial internacional. La medida, además, se extiende a cualquier institución financiera extranjera que pueda facilitar operaciones con estos designados, ampliando el cerco .

La respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México fue inmediata, bloqueando cuentas e incorporando a los implicados en su lista de personas bloqueadas, ya que la coordinación entre ambos gobiernos, celebrada por el embajador Ronald Johnson, subraya que esta es una batalla compartida, aunque no exenta de tensiones políticas, como lo demuestran los señalamientos sobre el posible financiamiento a campañas políticas .

En definitiva, la lección de esta semana es que la lupa ya no se limita a los líderes de los cárteles. El escrutinio se ha desplazado hacia el andamiaje corporativo que les permite operar y crecer. Las empresas, cualquiera que sea su tamaño o sector, deben entender que la transparencia fiscal y la debida diligencia no son solo una obligación legal, sino la primera línea de defensa en un entorno global donde las finanzas ilícitas son perseguidas sin cuartel. El tablero cambió: ahora, las sanciones tienen dirección, razón social y socios. 

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y FT

La reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en noviembre de 2025 y vigente desde enero de 2026, ha redefinido las reglas del juego para el compliance en México. Ya no se trata solo de pagar lo que corresponde, sino de demostrar, con evidencia sólida y en tiempo real, que cada operación tiene una sustancia económica real y que el control interno no es un departamento más, sino el sistema nervioso central de la organización. La frase «yo no sabía» ha quedado sepultada por un entorno fiscalizador que opera con algoritmos y cruces de datos masivos, donde cualquier discrepancia entre la facturación electrónica y la contabilidad es visible para la autoridad de forma casi inmediata. Por eso, la matriz de riesgos se ha convertido en la brújula que guía cada decisión, pero no como un ejercicio administrativo, sino como una necesidad estratégica que debe anclarse en los nuevos estándares normativos que exigen una gestión proactiva y documentada de cada una de las obligaciones fiscales y financieras de la empresa.

El primer gran desafío que impone la reforma es la definición de CFDI falso como aquel que no ampara una operación existente, verdadera o un acto jurídico real. Un solo comprobante cuestionado puede desencadenar la presunción de falsedad sobre toda la facturación del contribuyente y la restricción de su Certificado de Sello Digital casi de inmediato. Esto obliga a las empresas a revisar no solo a sus proveedores y clientes por su RFC, sino a escudriñar su capacidad operativa y material para realizar la transacción, porque la autoridad ya no se conforma con papeles, exige sustancia. La matriz de control interno debe entonces categorizar a cada contraparte con un nivel de riesgo que considere su historial fiscal, su plantilla laboral, sus activos y hasta su domicilio real, porque el SAT está facultado para presumir la inexistencia de operaciones cuando no se acredite físicamente la entrega del bien o la prestación del servicio. Esta presunción tiene efectos devastadores, porque no solo anula las deducciones, sino que arrastra a toda la cadena de valor del contribuyente, generando un efecto dominó que puede terminar con la restricción del CSD y la imposibilidad de seguir facturando, lo que en la práctica equivale a una muerte comercial anticipada.

Pero el cambio más disruptivo llega con el nuevo artículo 30-B del CFF, que obliga a las plataformas digitales a dar acceso en línea y en tiempo real al SAT a sus bases de datos operativas a partir del 30 de abril de 2026. La fiscalización deja de ser un evento periódico para convertirse en un proceso constante, donde la autoridad tiene visibilidad inmediata de las operaciones. Esto exige una arquitectura tecnológica que garantice la integridad y disponibilidad de la información, así como protocolos de seguridad para gestionar el acceso de la autoridad sin vulnerar datos sensibles de los contribuyentes. La matriz de riesgos debe incluir ahora variables dinámicas, como la consistencia del coeficiente de utilidad, porque una caída drástica sin una explicación operativa sólida activará los protocolos de revisión automatizada. Y aquí es donde el compliance financiero se entrelaza con el fiscal, porque no basta con declarar, hay que documentar la trazabilidad de cada gasto, cada inversión y cada deducción, especialmente en los rubros sensibles como servicios profesionales, viáticos o arrendamientos. El SAT ya no espera la declaración anual para cruzar información, lo hace diariamente, y cualquier señal de alerta, por mínima que sea, puede desencadenar una auditoría electrónica que revise los últimos cinco años de operaciones con una precisión que antes solo era posible en revisiones presenciales que duraban meses.

El endurecimiento de las sanciones es otro componente que no puede ignorarse. La reforma tipifica nuevas infracciones y delitos, con penas de prisión de 3 a 9 años por emisión o uso de CFDI falsos, y los receptores de comprobantes declarados falsos tienen un plazo de 30 días para revertir su efecto fiscal mediante declaraciones complementarias. Si no lo hacen, enfrentarán la restricción de su propio CSD, lo que en la práctica paraliza la operación de cualquier negocio. Por eso, la matriz debe incluir un protocolo de alerta temprana para monitorear las publicaciones del SAT, como los listados 69-B, y actuar de inmediato para subsanar cualquier riesgo, manteniendo así la opinión de cumplimiento favorable que tanto valoran los inversionistas y las instituciones financieras. La gobernanza es clave aquí: el programa de compliance debe tener un dueño claro, reportar al consejo y estar integrado con las áreas de finanzas, legal y operaciones, porque la formación continua del personal y los canales de denuncia robustos son los cimientos de una cultura de cumplimiento que permea toda la organización. No se trata de un departamento aislado, sino de una filosofía que debe ser adoptada desde la alta dirección hasta el último de los colaboradores, porque cualquier error en la base puede escalar hasta convertirse en un riesgo sistémico para la compañía.

En este escenario, la tecnología deja de ser un apoyo para convertirse en el único aliado posible. Automatizar el registro fiscal, implementar sistemas de facturación con validación en tiempo real y contar con plataformas de gestión documental no es una opción, es la única manera de mantener la coherencia entre los CFDI emitidos, los registros contables y lo declarado. La matriz de control interno debe ser una herramienta viva, que se actualice con cada cambio normativo y con cada nuevo patrón de riesgo identificado por la autoridad. Porque el SAT ya no avisa, simplemente cruza datos, y cuando el algoritmo encuentra una inconsistencia, la notificación llega sin previo aviso, y el contribuyente se encuentra en una situación de desventaja absoluta si no ha preparado con antelación toda la documentación que acredite la realidad de sus operaciones. La experiencia internacional muestra que los países que han implementado modelos similares de fiscalización en tiempo real han logrado reducir significativamente la evasión fiscal, pero también han elevado el costo de cumplimiento para las empresas que operan en la formalidad, por lo que la eficiencia en la gestión del compliance se convierte en un factor diferenciador de competitividad.

La diferencia entre una empresa que prospera y otra que sobrevive estará en la calidad de su control interno, en su capacidad para demostrar, de manera proactiva, la realidad y trazabilidad de sus operaciones. El compliance, en sus vertientes financiera y fiscal, es el nuevo idioma de la confianza: la confianza de las autoridades, la confianza de los inversionistas y, en última instancia, la confianza que sostiene el valor de la empresa en el mercado. La matriz de riesgos no es solo un documento, es la herramienta que nos permite ver el iceberg antes de que el barco choque, y en el México de 2026, esa visión anticipada es lo único que separa el éxito del fracaso. Las empresas que ya están implementando estos controles no lo ven como un gasto, sino como una inversión en estabilidad y continuidad, porque saben que una auditoría adversa no solo impacta las finanzas, sino la reputación y la capacidad de acceder a financiamiento en condiciones favorables. La reforma ha llegado para quedarse, y el único camino viable es adelantarse a ella, construyendo una matriz de control que no solo cumpla con la norma, sino que supere las expectativas de la autoridad, demostrando que la transparencia y la ética fiscal son los pilares sobre los que se construye un negocio sostenible en el largo plazo.

Dr . Luis David Fernández Araya

Especialista en Prevención de Lavado de dinero y FT

En el actual entorno regulatorio, la frase “yo no sabía” ha dejado de ser una defensa válida. Para las empresas y sus directivos, la ausencia de un plan de prevención de lavado de dinero (PLD) y un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) ya no es solo una negligencia, es el equivalente a operar sin un mapa en un campo minado.

Como especialista en la materia y Oficial de Cumplimiento Certificado, observo con preocupación cómo muchas organizaciones siguen viendo estas políticas como un gasto innecesario o un simple requisito burocrático, ya que nada más alejado de la realidad. es pensar esto. La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) publicada en julio de 2025, y sus reglas en 2026 han endurecido el marco normativo, ampliando obligaciones como la identificación del Beneficiario Controlador y la capacitación anual obligatoria .

El verdadero riesgo no es el costo de implementar un plan de Compliance Legal, sino el costo devastador de no hacerlo.

La responsabilidad trasciende a la persona moral, ya que el primer gran error es pensar que la responsabilidad recae únicamente en la empresa, hoy, la fiscalización ha evolucionado hacia un modelo donde la responsabilidad solidaria alcanza directamente a los directivos y tomadores de decisiones y socios. El Contador Público, el CEO o el Director General ya no son meros espectadores.

Un claro ejemplo es la obligación del Contador Público Dictaminador de reportar al SAT el incumplimiento en materia de Beneficiario Controlador, o como la del Oficial de Cumplimiento en PLD certificado por la CNBV y la UIF, de reportar operaciones vulnerables al crimen. La omisión de este reporte no solo conlleva multas económicas o la cancelación del registro, sino que puede derivar en responsabilidades penales por encubrimiento . El argumento de la confidencialidad no protege al profesional que omite un ilícito fiscal o penal en el caso del lavado de dinero. 

Las sanciones que van más allá de lo económico, el impacto financiero del incumplimiento en  un Plan de PLD puede ser crítico para la viabilidad de cualquier negocio, las multas por no identificar correctamente al Beneficiario Controlador pueden alcanzar hasta el 10% del capital social de la empresa, sin perjuicio de los créditos fiscales, la no deducibilidad de operaciones y el bloqueo de cuentas .

Sin embargo, hay un daño aún más profundo y difícil de reparar, el reputacional. Una vez que una empresa es señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el SAT como un sujeto de riesgo, la relación con la banca, los socios comerciales y los inversores se resquebraja de manera irreversible.

El Compliance Legal no es un escudo, es un mecanismo de prevención, por lo que un punto crucial que debemos entender, tal como lo ha señalado el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, es que un plan de cumplimiento no es una “prueba de inocencia” que exonera de responsabilidad penal una vez cometido el delito, su verdadero valor radica en la prevención, es la herramienta que permite que la cultura de la legalidad impregne la organización para evitar que el delito llegue a cometerse, por lo que la implementación de estos planes preventivos sin desvinculantes. 

Un sistema de Compliance Legal y Fiscal eficaz debe ser dinámico, actualizarse constantemente y contar con el compromiso real de la alta dirección, no solo con la firma de un código ético, sino con la asignación de recursos mal administrados. 

Como Oficial de Cumplimiento Certificado, opino que frente a este escenario, la pregunta para los directivos ya no es si deben implementar un plan de PLD y Compliance Legal, sino cuándo, la respuesta debe ser, ahora.

El costo de la omisión es exponencial, puede traducirse en multas millonarias, clausuras, procesos penales y la destrucción de la reputación corporativa. Invertir en un sistema robusto de prevención, capacitación y monitoreo no es un gasto, es la prima de un seguro de vida para la empresa y para quienes la dirigen. En esta materia, el refrán popular es una máxima jurídica, más vale prevenir que lamentar.

Dr.Luis David Fernández Araya

Especialista en Inteligencia Financiera con más de 25 años de experiencia operativa y directiva en el Estado Mexicano. Funcionario Público a nivel Municipal, Estatal y Federal, Diputado Federal, Experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT – AML/CFT), Oficial de Cumplimiento Externo SHCP – CNBV. Experto en fiscalización superior, control interno bajo estándares COSO-INTOSAI, auditoría forense, evaluación de riesgos (Enterprise Risk Management – Enfoque Basado en Riesgos – EBR). Amplia experiencia interinstitucional desde diferentes instancias del Gobierno Mexicano con la UIF, SHCP, ASF, FGR, SEGOB y con Organos Internos de Control. Especialista en integración de expedientes técnicos-probatorios y acusatorios en materia de corrupción.

Mi columna en El Heraldo de México

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/6/15/no-basta-con-comercio-el-t-mec-exige-una-prevencion-de-lavado-de-dinero-robusta-transparente-832100.html

Dr. Luis David Fernández Araya

Funcionario Público | Economista Doctor (PhD) en Finanzas Públicas | Experto en Fiscalización Superior y Contraloría | Certified Anti-Money Laundering Specialist & Financial Crime Specialist. Certified AML & Anti-Fraud Specialist

Marzo de 2026 trajo una noticia que pasó casi desapercibida en los titulares financieros, pero que tiene implicaciones profundas para miles de empresas en México, la publicación del decreto que reforma el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la LFPIORPI, ese trabalenguas jurídico que todos en el sector conocemos simplemente como la ley antilavado.
El cambio no es menor, ya que entre los aspectos más relevantes del nuevo reglamento destaca la incorporación de un régimen específico para Personas Políticamente Expuestas (PEPs), incluyendo mecanismos de integración y consulta de listas. Desde el gobierno sabemos que esto representa un reto operativo para el ecosistema Fintech, con más procesos, más tecnología, más gasto en cumplimiento, y justo cuando muchos startups aún se recuperan de años de tasas altas y contracción del crédito, la pregunta es legítima.
Pero también hay que decirlo claro, la presión internacional es real, pues El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela cómo organizaciones criminales utilizan el sistema financiero para mover cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico y en ese contexto, fortalecer los controles no es un capricho burocrático, es una necesidad de Estado. Nadie en el gobierno quiere que las Fintech se conviertan en el canal preferido del crimen organizado, y como especialista en el tema ese riesgo es inminente y peligrosamente existe.
La reforma a la LFPIORPI del 16 de julio de 2025 redefinió de manera estructural el régimen mexicano de prevención de lavado de dinero, aun siendo conscientes de que, un año después, las empresas han tenido que navegar en la incertidumbre porque aún estaban pendientes algunas reglas de carácter general. Considero que eso ya se resolvió en parte, la emisión de esas reglas operativas quedó concluida antes del plazo establecido en julio de 2026. Hoy el marco normativo está completo, claro y disponible, pues las empresas ya no tienen que adivinar ni rezar, ya se tienen reglas.
Entendemos las dificultades del sector, especialmente de las Fintech más pequeñas, que no cuentan con grandes departamentos jurídicos, por eso, desde el gobierno hemos trabajado en mecanismos de acompañamiento, canales de consulta y esquemas diferenciados. No se trata de expulsar a nadie del sistema, sino de incorporarlo con orden y seguridad.
Las instituciones de tecnología financiera deben reportar a la UIF cualquier operación sospechosa o inusual, como transacciones grandes o frecuentes que no correspondan al perfil del cliente, suena razonable, ¿no?, y lo es ya que el desafío real es cuando el perfil del cliente es el segmento no bancarizado, ese usuario sin historial crediticio, con ingresos informales, que hace transacciones atípicas porque su economía es atípica. Lo reconocemos, ahí el sistema de alertas puede dispararse en exceso y los costos de cumplimiento volverse prohibitivos si no se gestiona con inteligencia.
Pero la solución no es bajar los brazos ni aflojar la regulación, la solución debe ser más tecnológica, más cooperación público-privada y más educación financiera. El gobierno está invirtiendo en eso.
La paradoja que algunos señalan es que la regulación expulsa a quienes más necesitan inclusión, que solo se sostiene si se ignora el contexto de violencia y captación criminal que enfrenta México. Proteger el sistema financiero y proteger a los ciudadanos más vulnerables no son objetivos opuestos, son las dos caras de una misma moneda, y desde el gobierno, no vamos a elegir una sola.

Dr. Luis David Fernández Araya
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Fiscalización

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/6/1/desarrolladores-inmobiliarios-la-uif-ya-los-tiene-en-la-mira-el-plazo-corre-823087.html

Quien aún crea que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo vigila bancos, casas de cambio o notarios, lleva al menos un año de retraso, desde julio de 2025, los desarrolladores inmobiliarios fueron formalmente incorporados como Actividad Vulnerable en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Y no, no se trata de una simple actualización administrativa, se trata de un cambio de fondo que transforma por completo la operación financiera y legal del sector inmobiliario en México. 

La reforma establece dos momentos críticos en los que un desarrollador genera obligaciones ante la UIF, la recepción de recursos para desarrollo inmobiliario. Esto aplica desde el momento en que un inversionista, persona física o moral, aporta dinero para la construcción de viviendas, naves industriales, fraccionamientos o cualquier otro inmueble destinado a venta o renta y el segundo momento es  cuando se realiza transmisión o venta del inmueble terminado. Esta actividad ya existía como supuesto vulnerable, pero ahora se articula con la primera fase, cerrando el ciclo completo del negocio inmobiliario.

En términos prácticos, el desarrollador se convierte en un eslabón obligado dentro de la cadena de supervisión de la UIF, al mismo nivel que los fedatarios públicos o las instituciones financieras.

La ley establece un umbral mínimo a partir del cual nace la obligación de presentar un aviso ante la UIF a través del portal del SAT.

Ese umbral es de 8,025 UMA por operación, en 2025, cada UMA tiene un valor que puede variar de $113.14 pesos, por lo que el monto equivalente es de aproximadamente $908,000 pesos.

Aclaro; si un desarrollador recibe de un solo inversionista una aportación igual o superior a esa cantidad, está obligado a

Identificar plenamente al cliente o inversionista, aparte de solicitar información sobre el origen de sus recursos, debe presentar un aviso ante la UIF en los plazos y en formatos establecidos descritos en las reglas de la autoridad hacendaria. 

El error más común es pensar que solo aplica al cierre de la venta, he visto, en mi práctica como Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV, que muchos desarrolladores cometen el mismo error, creen que la obligación comienza cuando firman la escritura ante notario y eso es falso.

La obligación nace en el minuto cero del proyecto, o sea cuando reciben el primer depósito en su cuenta, ya sea por transferencia bancaria, cheque o incluso en efectivo pues la UIF ya ha bloqueado cuentas bancarias de empresas inmobiliarias que operaban con recursos de origen no justificado en esta fase temprana.

El mensaje es claro, el dinero que entra al fideicomiso o a la cuenta del desarrollo debe estar identificado y documentado desde el primer peso. 

El sector inmobiliario representa actualmente más de la mitad de los sujetos obligados registrados ante la UIF en México, esta concentración no es casualidad puesto que la autoridad ha identificado al sector como uno de los principales canales para operaciones de lavado de dinero, ya que permite mezclar recursos lícitos e ilícitos a través de esquemas de inversión, preventa y reventa simulada.

De acuerdo con el propio SAT, durante 2024 y 2025 se han iniciado más de 200 procedimientos sancionatorios contra empresas inmobiliarias por incumplimiento de sus obligaciones en materia antilavado. Las multas han alcanzado varios millones de pesos en casos graves.

El desarrollador inmobiliario, ya sea de gran escala o de proyectos pequeños, debe tomar cinco acciones inmediatas:

1. Actualizar su Manual de Prevención de Lavado de Dinero. No sirve un documento genérico. Debe reflejar con precisión sus dos actividades vulnerables, la recepción de recursos para desarrollo y transmisión de inmuebles.

2. Designar a un responsable de cumplimiento. No necesariamente un externo, pero sí una persona con facultades reales para implementar controles.

3. Capacitar a su equipo comercial y administrativo. Los vendedores y responsables de captar inversionistas deben saber identificar operaciones que superen el umbral.

4. Implementar un expediente único por cliente/inversionista. Con identificación, comprobante de domicilio, origen de recursos y seguimiento de aportaciones acumuladas.

5. Registrarse ante el SAT como sujeto obligado. Sin este registro, no podrá presentar avisos y estará automáticamente fuera de la ley. 

La UIF ha sido clara en sus comunicados recientes, no habrá periodos de gracia indefinidos, los desarrolladores que no cumplan enfrentarán sanciones económicas, bloqueo de cuentas e, incluso, la imposibilidad de operar con el sistema financiero.

El desarrollo inmobiliario es estratégico para la economía mexicana, pero sin controles, también es una puerta de entrada para el lavado de dinero, actuar a tiempo no es solo cumplir la ley, es proteger su patrimonio, su reputación y la viabilidad de sus proyectos.

La pregunta ya no es si la UIF llegará a revisar su operación. La pregunta es: ¿usted ya está preparado?

Dr. Luis David Fernández Araya 

Especialista en Fiscalización, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

https://www.cronica.com.mx/opinion/2026/05/28/la-uif-el-brazo-mexicano-que-une-la-inteligencia-financiera-nacional-con-la-accion-global/

El FinCEN (por sus siglas en inglés, Financial Crimes Enforcement Network), es la Red de Control de Delitos Financieros de EU, oficina dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora bien, nuestra  UIF es la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que funciona como el centro neurálgico para detectar, prevenir y combatir delitos como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la evasión fiscal. Creada en 2004, su trabajo es el puente entre la información que envían bancos, casas de cambio, empresas de bienes raíces y otros sectores considerados «vulnerables», y las acciones de las autoridades de seguridad y justicia.

Su labor se mueve en cifras, solo entre enero y junio de 2025 recibió más de 8 millones de avisos de operaciones, entre reportes de montos elevados, movimientos inusuales y actividades que no coinciden con el perfil económico de las personas o empresas. De esos datos analiza patrones, identifica redes y genera inteligencia que se convierte en herramienta para actuar. En lo que va del año, emitió acuerdos para incorporar a 13 personas y entidades a la Lista de Personas Bloqueadas, medida preventiva que impide realizar operaciones financieras, y logró el bloqueo o desbloqueo de recursos por más de 22 mil millones de pesos, 127 millones de dólares y 20 millones de euros en casos vinculados al crimen organizado.

La relación con FinCEN es clave para su funcionamiento, ya que el crimen no entiende fronteras. Ambas instituciones forman parte del Grupo Egmont, la red mundial de unidades de inteligencia financiera, y trabajan de forma coordinada en operaciones contra organizaciones transnacionales. En los últimos meses, esa alianza se ha hecho visible en acciones concretas:

• En 2025, tras las acusaciones de FinCEN contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de recursos, la UIF ajustó sus controles y reforzó el intercambio de información para seguir el rastro de los fondos ilícitos.

• Se han llevado a cabo operativos conjuntos contra redes que operan desde México y Estados Unidos, como las acciones contra establecimientos de juego vinculados a cárteles mexicanos donde la información compartida permitió identificar patrones de movimiento de dinero y detener el flujo de recursos ilegales.

• También colaboran en el combate al tráfico de precursores químicos, fentanilo y otros delitos, FinCEN aporta datos de transacciones registradas en suelo estadounidense y la UIF los cruza con movimientos en territorio nacional para desmantelar las rutas de financiamiento.

Su trabajo no está exento de críticas. Algunos sectores señalan que, al ser una dependencia adscrita a Hacienda, podría tener limitaciones en su autonomía operativa, y que en ocasiones las medidas de bloqueo de cuentas se aplican sin que medie una resolución judicial inmediata, lo que genera debates sobre derechos humanos y transparencia. También se cuestiona si los recursos con los que cuenta son suficientes para hacer frente a delitos cada vez más complejos, como los vinculados a las criptomonedas y las finanzas digitales, que han obligado a la UIF a actualizar sus reglas y mecanismos de control.

Pero incluso sus críticos reconocen que su labor es fundamental en un país donde el crimen organizado ha desarrollado estructuras sofisticadas para ocultar sus ganancias, la UIF es el instrumento que permite «seguir el dinero» y desmantelar sus redes.

Hoy, la UIF sigue ampliando su capacidad de análisis, actualiza sus normativas para adaptarse a nuevos modelos financieros y mantiene viva la cooperación internacional. Su tarea no es solo revisar documentos, es garantizar que el sistema financiero mexicano se use para el desarrollo, y no para financiar la violencia, la corrupción o actividades que dañan a la sociedad.

Dr.Luis David Fernán

https://www.cronica.com.mx/opinion/2026/05/22/el-mundo-ya-cambio-y-los-gobiernos-locales-siguen-sin-entenderlo/

México enfrenta una nueva realidad institucional, financiera y política.

El problema es que los gobiernos estatales en todavía actúan como si nada hubiera cambiado.

Durante décadas, numerosos aparatos locales de gobierno operaron bajo una lógica cerrada, pequeñas estructuras administrativas controladas por grupos políticos, intereses regionales, relaciones personales y mecanismos internos de protección donde la supervisión real era limitada y la rendición de cuentas frecuentemente secundaria, ese modelo hoy está agotado.

El mundo actual ya no permite gobiernos opacos, improvisados o administrados como estructuras familiares de poder. La economía global, los sistemas financieros internacionales, los mecanismos de cumplimiento y las nuevas capacidades de inteligencia financiera observan permanentemente el comportamiento institucional de los países y de sus gobiernos locales.

Y México ya se encuentra bajo observación.

Muchos todavía no comprenden la dimensión del cambio.

Piensan que los riesgos siguen siendo únicamente políticos o mediáticos. No lo son.

Hoy los riesgos son financieros, regulatorios, comerciales y de seguridad nacional.

Las capacidades de supervisión internacional avanzaron enormemente en los últimos años. Organismos multilaterales, autoridades financieras, sistemas antilavado y agencias de inteligencia financiera observan cada vez más la trazabilidad de recursos, los esquemas de contratación pública, las estructuras corporativas, las redes de protección administrativa y los posibles espacios de corrupción o captura institucional.

Estados Unidos, particularmente, ya mantiene una vigilancia permanente sobre flujos financieros, operaciones vulnerables, esquemas de corrupción y posibles riesgos de infiltración criminal o financiera en distintos niveles institucionales de la región que en lo personal celebro. 

Y aun así, muchos gobiernos locales siguen actuando como si el entorno fuera el mismo de hace veinte años.

Ese es el verdadero problema.

Todavía existen administraciones que creen que gobernar consiste en repartir posiciones, proteger grupos internos o mantener equilibrios políticos locales, sin entender que hoy la fortaleza institucional se mide también por capacidad de control, trazabilidad, cumplimiento y transparencia.

La corrupción moderna ya no se limita a un acto aislado.

Opera mediante redes complejas, estructuras financieras, simulación corporativa y mecanismos sofisticados de ocultamiento de recursos.

Por eso la fiscalización moderna dejó de ser solamente contable.

Hoy significa inteligencia institucional.

Durante mi experiencia en áreas de control, fiscalización y supervisión pública, particularmente en el Estado de México, quedó demostrado que sí es posible fortalecer mecanismos preventivos, ampliar capacidades de supervisión y construir controles institucionales reales incluso dentro de estructuras complejas, en el tiempo de mi responsabilidad como Subsecretario de la Contraloría en la actual administración, realicé 15 mil 628 acciones de control y evaluación incluyendo 842 auditorías, más de 4 mil 200 inspecciones, 6 mil 435 testificaciones y miles de acciones de seguimiento institucional.  

Los resultados alcanzados en acciones de control, auditoría y evaluación no fueron producto de casualidad. Fueron resultado de asumir algo que muchos todavía evitan reconocer, la impunidad institucional representa hoy un riesgo estratégico para el Estado mexicano.

Y enfrentarla exige valor político.

Porque supervisar incomoda.

Auditar incomoda.

Cerrar espacios de discrecionalidad incomoda aún más.

Sin embargo, algunos entendimos desde hace tiempo que el país ya no podía seguir operando bajo inercias administrativas del pasado mientras el entorno internacional evolucionaba aceleradamente.

Existe además una enorme confusión que México debe evitar, no debemos confundir soberanía nacional con tolerancia institucional frente a riesgos internacionales legítimos.

Defender soberanía no significa cerrar los ojos ante exigencias globales en materia de transparencia, prevención de lavado de dinero, combate a la corrupción o trazabilidad financiera.

Los países más fuertes son precisamente aquellos que construyen instituciones capaces de proteger simultáneamente sus intereses soberanos y su credibilidad internacional.

México necesita gobiernos locales que comprendan finalmente que el mundo ya cambió.

Que las viejas prácticas ya no resisten supervisión internacional.

Que los riesgos actuales son mucho más complejos.

Y que la fortaleza institucional dejó de ser opcional.

Porque en el nuevo entorno global, los gobiernos que no evolucionen hacia modelos reales de control, transparencia y prevención terminarán enfrentando no solamente desgaste político interno, sino aislamiento financiero, presión internacional y pérdida progresiva de legitimidad.

La gran pregunta ya no es si debemos cambiar.

La verdadera pregunta es cuántos gobiernos locales entenderán a tiempo que el siglo XXI ya comenzó.

Dr. Luis David Fernández Araya 

Colaborador La Cr